Integridad
Política Nacional Integridad y Lucha contra la Corrupción y Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018‐2021.
Definiciones básicas
Cultura de integridad pública, Enfoque de integridad pública, Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción.
Integridad
Política Nacional Integridad y Lucha contra la Corrupción
- La corrupción constituye un problema público que genera serias pérdidas económicas, incrementa la desconfianza ciudadana, afecta derechos; así como la buena marcha de la Administración Pública.
Frente a este flagelo al que el Perú no es ajeno, se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (2017), cuya razón de ser es la renovación del compromiso del Estado peruano por erradicar la corrupción en todas sus instancias, y la integración de las decisiones adoptadas en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción.
No obstante, para la ejecución de dicha Política Nacional era necesario contar con un Plan Nacional que desarrolle los objetivos de la política, precisando las acciones, metas, indicadores, plazos y entidades responsables para la implementación de los objetivos y lineamientos contenidos en la Política referida.
Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018‐2021
- El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018‐2021 (2018) se aprobó como una herramienta necesaria para consolidar un avance concreto en el fomento de la integridad pública y el combate de la corrupción. Con el propósito de facilitar a las entidades públicas la implementación de una estructura de prevención de la corrupción se planteó, en el referido Plan Nacional, un Modelo de Integridad, basado en estándares internacionales y buenas prácticas.
Este modelo se trata de un conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. Dichas orientaciones se organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de nueve (09) componentes sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional.
A continuación, se presenta una breve descripción de dichos componentes:
1. Compromiso de la Alta Dirección
Se trata de la manifiesta y real voluntad política de parte de la más alta autoridad de la entidad de implementar toda estrategia de integridad y de lucha contra la corrupción.
2. Gestión de riesgos
Se trata de la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que pudieran afectar la integridad pública.
3. Políticas de Integridad
Constituyen estándares de cumplimiento y responsabilidad para las entidades y servidores públicos como parte de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción.
4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas
Consiste en el cumplimiento de la publicación de información en los portales de transparencia estándar, de la garantía del acceso a la información pública, de la contribución a la apertura de datos y de la promoción de la rendición de cuentas.
5. Controles interno, externo y auditoría
Implica el cumplimiento de los requerimientos del control interno y la facilitación de las labores del control gubernamental que realiza la Contraloría General de la República o el órgano de control institucional.
6. Comunicación y capacitación
Involucra las tareas de inducción al personal, la capacitación permanente en políticas de integridad al público interno y la comunicación de dichas disposiciones dentro y fuera de la entidad.
7. Canal de denuncias
Implica en la implementación y funcionamiento de mecanismos de denuncia para recibir las alertas referidas a posibles inconductas o actos corruptos.
8. Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad
Supone la revisión y evaluación permanente del avance y el desempeño de la entidad en la implementación de los lineamientos, las medidas y directivas de integridad.
9. Encargado del Modelo de Integridad
Asume el rol de articulación de los componentes, así como el de acompañamiento y orientación sobre la correcta y oportuna implementación de las normas, herramientas y/o mecanismos establecidos para elevar los estándares de integridad pública.